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En
Cataluña, como en otras muchas partes, la educación atraviesa
por un periodo de fuertes tensiones. Empieza a resquebrajarse el consenso
sobre el papel reequilibrador que se había otorgado tradicionalmente
a la educación, y la sensación de riesgo generalizado y
de sálvese quien pueda ha ido apartando a los mejor situados del
pacto social que trabajosamente construimos en torno a las políticas
redistributivas. Muchos empiezan a alejarse de lo que se entendía
como obligaciones sociales, y buscan alternativas más individualizadas,
más seguras. Hay quien no se recata ya al afirmar que la educación
tiene que ayudar a una segmentación social vista como inevitable
y en la que no caben políticas rectificadoras, sino simplemente
paliativas y canalizadoras, y, en muchos casos, útiles para proveer
de base de maniobra social a la alta coyunturalidad y baja calidad de
muchos puestos de trabajo (con itinerarios, explícitos o implícitos,
que ya definen el futuro de los marginados o subalternos desde muy jóvenes).
El debate sobre la diversidad cultural se tiñe de comentarios acerca
de nuestra manera de ser, y se tiende a buscar salidas que permitan desresponsabilizarnos
de unos otros demasiado distintos. La escuela pública sufre esas
consecuencias de manera grave, pero también existen escuelas concertadas
que asisten con preocupación a esa deriva.
Hasta ahora, la dinámica que se ha seguido ha castigado sobremanera
a los profesionales reduciéndoles espacios de maniobra y de autonomía,
a cambio, en el mejor de los casos, del mantenimiento de sus prerrogativas
estatutarias, pero con sensación de pérdida de sentido de
profesión, reforzando la condición de mero funcionario.
La comunidad educativa, en su sentido más clásico y cercano,
ha visto como se iba desactivando buena parte de su capacidad de movilización,
aumentando en cambio la orientación de muchos padres y madres como
meros usuarios. Se ha abierto el gran interrogante sobre los espacios
y los tiempos educativos en muchos sentidos, desde el más próximo
a la escuela, con la necesidad de atender la falta de sintonía
entre tiempos laborales y tiempos escolares, atendiendo esas necesidades
y repensando el calendario anual de actividad de la escuela, hasta su
sentido más amplio, que incluye el encaje de la educación
reglada en el espacio educativo general del conjunto de la sociedad. Hoy
esos temas están generando nuevos ejes de desigualdad y tensión,
y sólo se abordan desde un punto de vista público a partir
del voluntarismo de los gobiernos locales y de la colaboración
de las asociaciones de padres y madres y de algunas entidades del tercer
sector.
En torno a todos estos dilemas girará probablemente el debate y
la participación de los diferentes agentes educativos en los próximos
años en el país. Muchos de estos dilemas difícilmente
pueden plantearse y resolverse sólo en el seno de la comunidad
educativa en sentido estricto, y obligan a planteamientos más transversales.
Los entornos en los que se jugará la deriva ideológica del
sector educativo serán las instituciones educativas, el ámbito
profesional, y la escuela entendida como espacio público. Es aquí
donde más decisivamente se pueden dar las alianzas en favor o en
contra de determinadas orientaciones. El aislamiento de las escuelas y
de los diferentes sectores, la atomización de las relaciones profesionales-usuarios,
la competencia entre centros sólo basada en la capacidad de satisfacer
demandas de los usuarios, la juridificación de los conflictos...,
todos estos factores sólo servirán para hacer que el debate
sobre el futuro de la educación en nuestro país no entre
en la esfera pública y colectiva de debate. El reto es situar el
debate sobre el futuro de la educación en el seno del debate sobre
el futuro de la sociedad, y para hacerlo es preciso ante todo situarse
en el espacio territorial más próximo a los centros, y examinar
las experiencias existentes que nos muestren maneras de abordar estos
problemas rehuyendo el aislamiento y el cierre profesionalista y abriendo
y participando en dinámicas más transversales e integrales,
interaccionando escuela y otros agentes y servicios presentes en cada
territorio.
Tenemos la oportunidad de aprovechar la experiencia municipalista y el
talante transformador e innovador del nuevo Gobierno para abrir el debate
educativo a toda la sociedad, siguiendo las iniciativas ya en curso, como
la del Fòrum Social sobre l'educació (www.forumeducacio.org)
o las que se van dando por toda Cataluña bajo la denominación
de Proyectos Educativos de Ciudad. No se trata simplemente de municipalizar
algunas de las competencias educativas de la Generalitat, aunque ello
resultaría ya un paso adelante. Deberíamos entender que
las contradicciones y tensiones que atraviesan el mundo de la educación
son derivación de las contradicciones y tensiones a las que nos
enfrentamos como sociedad, y que por tanto no es sólo desde la
escuela desde donde podrá resolverse el tema. La implicación
social es imprescindible, como imprescindible es territorializar el debate.
Las administraciones tienen que ser conscientes de la gran cantidad de
iniciativas formativas que impulsan desde todos sus negociados. Pero existe
asimismo una enorme riqueza en el propio tejido social con multitud de
acciones formativas de muy distinto nivel. Y la capacidad para conocer,
para acercar, para conectar creativamente esas redes, dándoles
un sentido de colaboración estratégica, aprovechando recursos
y esfuerzos, moviendo a los distintos profesionales y coordinando su labor,
sólo puede hacerse desde un ámbito territorial cercano,
con participación social, dando recursos, poder y confianza. Y
ese ámbito puede coincidir con un municipio, pero tambien con un
barrio, o con una comarca o un grupo de municipios. Tampoco es necesario
cambiarlo todo de golpe, pero sí dar oportunidades de cambio y
de participación. Lo importante es que nos atrevamos a experimentar,
que reforcemos y valoremos los esfuerzos que ya se dan en esa misma línea
en muchos sitios, desde la pluralidad profesional, desde la voluntad de
transformación, desde el compromiso político para conseguir
una mayor cohesión social.
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