Publicat a Quadernos de Pedagogia - maig del 2005

El debate sobre la educación está servido, en nuestro país y en muchos otros, desde hace tiempo. Aquí empezamos con la Reforma de la LOGSE, su puesta en marcha por un gobierno que no la había votado y que tampoco la financió. Vinieron las posteriores adaptaciones, el malestar en secundaria y, finalmente, la contra-reforma del PP con la nueva LOCE. El cambio de gobierno paralizó la LOCE y estamos, otra vez, debatiendo la nueva ley y los distintos pactos sociales sobre educación.

Pero, detrás de todos los debates, propuestas y contrapropuestas, se esconde un debate mucho más profundo, mucho más ideológico y de mucha más trascendencia para el futuro de la educación en general y para el futuro de nuestra sociedad. Pero este debate no acostumbra a ser visible como tal, no es explícito y, por lo tanto, a pesar de su importancia, no puede ser debatido de forma abierta, sino a través de cuestiones mucho más puntuales que, de hecho, están encubriendo el debate principal.

Y es que, en este momento, hay dos modelos educativos totalmente opuestos, que marchan en direcciones contrarias y con objetivos totalmente divergentes.

Uno, el que considera que la educación es un derecho universal y bien público, al que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a acceder y la Administración tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad. Este modelo es el que considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. Este modelo se enmarca en todas las tradiciones en defensa de una escuela pública, laica, de cualidad, que ofrece una verdadera igualdad de oportunidades y que trata a formar personas con capacidad para vivir y participar en una sociedad democrática. Este modelo considera que la educación es un servicio público que debe ser financiado por el Estado y llegar al máximo número posible de población, a fin de que todas las personas puedan satisfacer su derecho a la cultura y la educación. Este modelo centra su preocupación en buscar los contenidos, valores y metodologías que mejor pueden ayudar a una educación global y puedan compensar el desigual capital cultural y social con el que el alumnado llega a la escuela.

Dos, el otro modelo es el que se deriva de la progresiva imposición del neoliberalismo a escala mundial, y que viene avalada por las directrices de los organismos supra-nacionales, como el Banco Mundial, el FMI, la OMC y la UE. Este modelo parte de la base que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía. La educación, así entendida, pasa a estar al servicio de la economía en su doble vertiente: por un lado, debe ser “adaptada” a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y, por otro, debe ser “rentable”, o sea gestionada con criterios empresariales y ser susceptible de negocio privado. Este modelo educativo no considera ya que es el estado el que garantiza el derecho a la cultura y a la formación, sino que son los individuos los que deben “invertir” en educación, con lo que los “educandos” o sus familias, se convierten en los nuevos “usuarios”, con derecho a elegir y a exigir resultados satisfactorios que rentabilicen su “inversión”. Y los educadores, a su vez, pasan a ser meros trabajadores al servicio de las demandas del mercado, que se limitan a implementar currículums y metodologías que los “expertos” decidieron y que los nuevos gestores de los centros educativos llevan a la práctica de forma “eficaz”: más resultados con menos recursos.

El gran debate, pues, se refiere al futuro de nuestra educación: ¿hacia cual de estos dos modelos queremos avanzar?, y el gran problema es, como ya he mencionado, que este debate se está ocultando y lo que se pone a discusión son fórmulas, más o menos ambiguas, que no clarifican nada y que pueden ser aplicadas en una u otra dirección, o peor aún, bajo una retórica más o menos “progresista” esconden objetivos totalmente opuestos. Así, últimamente la discusión se remite a aspectos tales como: la autonomía de los centros, la descentralización, el control de cualidad, la flexibilización, el ideario propio, las competencias básicas, el derecho a la elección de centro, la gestión profesionalizada, la cultura de la evaluación, la promoción profesional, la rendición de cuentas, los proyectos propios de cada centro, la libertad de enseñanza, etc.

Autonomía y libertad

¿Quién puede estar en contra de la autonomía y de la libertad?, pero, ¿autonomía y libertad de qué y para qué? En educación está ocurriendo lo mismo que en otros ámbitos sociales y políticos, y es la utilización perversa de las palabras. En un mundo en el que se justifican agresiones armadas en nombre de la “democracia y la libertad”, es muy importante poder averiguar lo que se esconde detrás de las palabras.

La autonomía, a aplicada a los centros educativos, se generalizó en nuestro país con la llegada de la LOGSE y estaba muy ligada directamente a la innovación pedagógica, a la adaptación del proceso de aprendizaje a los ritmos diferentes del alumnado, y a la comprensividad de la etapa de la ESO. Pero lo que tenía que ser un instrumento en manos de profesorado para poder aplicar las estrategias pedagógicas más convenientes y adaptadas a la diversidad del alumnado, se puede convertir en una imposición más y en una “fórmula mágica” que va a resolver todos los problemas. Por un lado no es ya el profesorado que reivindica su autonomía para trabajar en el aula, sino que son las directrices del Banco Mundial y la Unión Europea las que la promueven y son las Administraciones las que la imponen, y no ya al profesorado, sino a los centros, y en concreto, a las direcciones de los centros. Esta nueva aplicación de la autonomía va estrechamente ligada a los Proyectos de centros, que se suponen ya distintos, a la evaluación de los resultados y, por lo tanto, a la posibilidad de comparar los centros según sus resultados, lo que implica, en última instancia, la posibilidad de suministrar información para que los padres y madres puedan elegir con conocimiento de causa. La autonomía debe servir también para adaptarse más fácilmente y con mayor rapidez a las nuevas demandas del mercado laboral.

La autonomía, así entendida, puede desembocar en la destrucción de una educación “igual para todos”. Ya no se trata de luchar por una mejora de toda la educación, de poner más recursos donde más se necesiten, de dar más apoyos a aquellos centros con más dificultades, sino que se trata de que cada centro ponga todas sus energías en mejorar “su centro”, en obtener los mejores resultados, y para ello debe poder elegir a los “mejores profesionales”, obtener “los mejores recursos”, y finalmente, ser objeto de elección de los “mejores alumnos”. Todo ello tiene graves consecuencias: en un sistema dual y segregado socialmente como el que existe ya en nuestro país, en el que los centros privados concertados escolarizan al alumnado de las clases medias y medias altas, mientras que la mayoría de las clases populares y de la población inmigrada está en es escuela pública, fomentar un desarrollo desigual de los centros educativos aumentará aún más la brecha social que ya existe actualmente. Consolidar las diferencias entre los centros puede legitimar y profundizar más la selección del alumnado y aumentar la competitividad entre los centros, tanto entre públicos y concertados, como dentro de los públicos. Con lo que estaríamos asistiendo a una mayor polarización social y a una disminución de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social.

Por otro lado, hay también un peligro en esta nueva manera de concebir la autonomía y la descentralización, y es el traspaso de responsabilidades, desde la Administración hacia el profesorado. Una vez establecida la autonomía, los resultados ya no son responsabilidad del sistema, ni de la Administración, sino del propio centro o sea, de los docentes que trabajan en él. De hecho, detrás de estos conceptos se esconde una “privatización” de los centros públicos, en el sentido de que no forman ya parte de un “todo” que es el “sistema educativo” sino que cada uno se convierte en una entidad individual que debe entrar a competir con los demás y debe además rentabilizar sus recursos (exactamente igual que si fuera una empresa). Ello exime al Estado de su obligación de suministrar los recursos necesarios y garantizar la cualidad del servicio, y deja en manos de los “gestores educativos” la responsabilidad de dar una educación de cualidad.

Este tipo de atomización de los centros educativos es una de las estrategias recomendadas por las doctrinas neoliberales y que ha sido ya aplicada en otros países, con muy dudosos resultados. En todo caso, ello ha servido para aumentar la desigualdad escolar según los sectores sociales y, además, en ningún caso se ha encontrado una correlación entre aumento de autonomía y eficacia en los resultados.

Exactamente igual nos encontramos cuando hablamos de la “libertad” en la educación, que se traduce muchas veces como el “derecho a la elección”. El PP, con la Ley de Cualidad santificó este pretendido “derecho” de los padres y madres a elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas. Pero, en un servicio público como es la educación, el derecho a elegir, sencillamente no existe, y además es imposible. Primero porque no hay posibilidad que una Administración pueda garantizar todas las preferencias individuales, y después, porque el dinero público no puede utilizarse para satisfacer los intereses personales, sino que debe servir para garantizar la igualdad del servicio para todos los ciudadanos y ciudadanas, y tercero, porque el derecho a elegir no es más que el privilegio de unos pocos que tienen la posibilidad de hacerlo, o bien porque su dinero se lo permite (y pueden pagar un centro privado o privado concertado) o bien porque su situación social le permite tener acceso a mayor información, con lo que pueden buscar las estrategias adecuadas para matricular a sus hijos en el centro que desean. Está muy demostrado que, incluso en igualdad de condiciones económicas, las estrategias de elección son muy distintas según el nivel cultural y la situación social. Las clases populares priman más la proximidad y la convivencia con los amigos, vecinos y hermanos, mientras las clases más ilustradas priman más la eficacia y el nivel social de los demás alumnos.

Así pues, la libertad de elección no es más que una estrategia para situar a la educación dentro del mercado, y como todo lo que funciona con las leyes del mercado, los efectos negativos corresponden siempre sobre las clases más populares. Si esta libertad de elección está además subvencionada con dinero público (como sucede actualmente con los conciertos) nos encontramos delante de un sistema en el que el Estado, en vez de velar por la igualdad, favorece claramente al sector social más privilegiado y deja en manos del capital privado la posibilidad de sacar doble beneficio: la venta del saber y el control directo de lo que se debe inculcar a los futuros trabajadores/as.

Apostar por el derecho a elegir centro es apostar claramente por la desigualdad en la educación. Para que pueda haber elección debe haber diferencia y ello implica automáticamente, centros mejores y centros peores. Mientras que el objetivo de una educación que ofrezca igualdad de oportunidades es justamente lo contrario, que las diferencias entre los centros escolares sean las mínimas y en todo caso, poner los recursos necesarios (económicos, humanos, de formación, etc.) para que los peores puedan mejorar. No es con la competitividad entre los centros educativos con lo que se va a elevar la cualidad de la enseñanza, sino justamente lo contrario: es el intercambio de experiencias, el trabajo en común, la participación de padres y madres, los recursos humanos y económicos necesarios, lo que puede elevar el nivel del “sistema educativo” global.

¿Hacia donde vamos?

Si queremos avanzar hacia una educación entendida como derecho universal y como mecanismo de formación, integración y cohesión social, debemos apostar por una escuela pública fuerte, que pueda ser la opción mayoritaria de todos los sectores sociales. Para ello es imprescindible un aumento de los presupuestos destinados a educación hasta situarlos, como mínimo, en el 6 % del PIB, que es la media de la Unión Europea (en estos momentos estamos a la cola), y en concreto, un aumento de los recursos destinados a la educación de titularidad pública. Debemos apostar por una educación laica (en donde puedan convivir distintas opciones, religiosas o no), por una educación no sexista y respetuosa con todas las lenguas y culturas, por una discriminación positiva en aquellos centros con alumnos mas desfavorecidos, por promocionar la democracia en la gestión, el trabajo en equipo, por una mejora de la formación y de las condiciones de trabajo del profesorado y por una revalorización social de la tarea que llevan a cabo. Todo ello implica una participación activa de los padres y madres en los centros educativos, una coordinación con todos los profesionales que actúan desde distintos ámbitos (educación en el ocio, educación de adultos, educadores sociales, psicólogos, etc. ), una coordinación de las distintas administraciones y un control democrático de los recursos.

Si por el contrario, optamos por avanzar hacia una educación entendida como mercadería, cuyos objetivos son la máxima eficacia al servicio del mercado de trabajo, debemos avanzar hacia una mayor privatización de la enseñanza, una reducción de los presupuestos públicos, la descentralización de la gestión, la promoción de la competitividad, la evaluación y comparación de los resultados para facilitar mejor la elección del centro por parte de los padres y madres. Debemos fortalecer a las direcciones de los centros, aumentar su poder y estimular formas de gestión similares a las empresas privadas a fin de rentabilizar los recursos, y despreocuparnos de los “malos alumnos” que son los menos rentables.

Es evidente que hay dos fuerzas antagónicas que pretenden dirigir el futuro de la educación. Por un lado, el mundo empresarial, las patronales de la enseñanza privada, las élites sociales y el mundo de las finanzas, todos ellos, están forzando para que se desregularice el mundo de la educación. Para unos, ello supone un vasto y amplio mercado con posibilidad de suculentos beneficios (sobre todo en la educación Universitaria, la Formación profesional y la educación on-line) y una posibilidad de definir los conocimientos, competencias y comportamientos que mejor se adecuan al mercado laboral. Para otros es una manera de mantener sus privilegios pudiendo acceder a una educación de más cualidad y perpetuarse así como clase dominante o bien mantener su poder ideológico-religioso con subvención pública. Frente a ello hay una oposición importante de muchos sectores sociales, tanto de padres y madres, como de educadores/as y otros sectores progresistas que continúan defendiendo esta educación pública que, en este país, tanto nos costó empezar a construir.

¿En donde nos encontramos en este momento? La respuesta no es clara porque, como he dicho al principio, la discusión está enmascarada. Lo que sí es seguro es que, a pesar de que todos los discursos apuntan hacia la dirección de una educación entendida como servicio público, en la práctica se están implementando políticas que nos abocan hacia la educación de corte neoliberal: los presupuestos públicos destinados a educación continúan siendo de los más bajos de la Unión Europea, y nadie se compromete a aumentarlos; el grado de privatización es uno de los más altos de la Unión Europea (recordar solamente que en Finlandia, paradigma de buenos resultados, según las estadísticas del Informe PISA, sólo el 7 % del alumnado está escolarizado en la escuela privada, mientras que, por ejemplo en Cataluña, ello asciende al 40 %, llegando al 60 % en ciudades como Barcelona) y nadie se compromete a reducirla. Las nuevas direcciones ya no son elegidas por los Claustros y los Consejos Escolares sino por concurso de “meritos” con una participación activa de la Administración; la religión continúa presente en las escuelas, y las condiciones del profesorado hace mucho que no han sido mejoradas. El alumnado con más dificultades se concentra cada vez más en los centros públicos mientras los centros concertados continúan seleccionando a sus alumnos/as. La libertad elección se está consolidando como un nuevo derecho, la evaluación se está imponiendo como forma de comparación entre centros y entre países y la sociedad toda, padres y madres incluidos, abandonan la educación de niños/as y jóvenes en manos exclusivas del profesorado.

Está claro que hay que mejorar la educación actual. Los cambios sociales que han tenido lugar en los últimos años deben tener una respuesta en la escuela: la emergencia de diferentes modelos de familia; la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado; la incompatibilidad de horarios laborales, escolares y familiares con las necesidades de atención a l@s niñ@s y jóvenes; las nuevas tecnologías y el aumento de la pluralidad cultural en nuestra sociedad y en nuestros centros educativos, son algunas de las cuestiones que tenemos sobre la mesa. Frente a ello hay que repensar los currículums, la metodología, los perfiles profesionales que necesita la educación, tanto dentro como fuera de la escuela. Pero ello se puede hacer también en direcciones opuestas, dependiendo de si lo que queremos es formar personas, con capacidad crítica y posibilidad de incidir en la sociedad o simplemente vamos preparar a nuestros niños/as y jóvenes para que sean futuros trabajadores y futuros consumidores.

Por otro lado, está claro, también, que estamos en un momento crucial, ya que con el cambio de gobierno, tanto a nivel del Estado como, en concreto, en Cataluña, estamos asistiendo a la elaboración de nuevas leyes y pactos sobre educación. La cuestión es si las nuevas Administraciones serán lo suficientemente valientes y coherentes con sus programas políticos y van a implementar las medidas adecuadas, presupuestos incluidos, para poder avanzar en la dirección de reforzar una educación pública, laica e igualitaria, o bien van a ceder a las presiones de aquellos sectores que pretenden hacer de la educación un negocio y una mercancía más, cayendo en los “cantos de sirena” que los aires neoliberales proponen como futuro para la educación.

Y otra cuestión, fundamental, es si la sociedad toda es consciente de la importancia que tiene el tipo de educación del cual nos dotemos, de la importancia de una educación pública y mayoritaria para la cohesión social, para el desarrollo económico y para la mejora de las relaciones sociales. Una sociedad dividida, con guetos y exclusiones, una sociedad que no puede ofrecer una educación de cualidad a todos sus ciudadanos y ciudadanas, que no puede ofrecer una educación en valores para todos sus niños/as y jóvenes, está destinada a la inestabilidad, al aumento de la violencia y a la confrontación social. Es, por todo ello, que es imprescindible que el debate sobre la educación traspase los muros de las escuelas y llegue a todos los sectores sociales. Que se pueda debatir, desde todos los ámbitos, sobre la importancia de acertar la dirección correcta hacia donde debe avanzar la educación en nuestro país.

El Fòrum Social per l’Educació a Catalunya

El Fòrum Social per l’Educació a Catalunya, que tuvo lugar el pasado 25, 26 y 27 de febrero, en la Universidad de Barcelona, tenía este objetivo. Este Fòrum contaba con la adhesión de 250 organizaciones (sindicatos, asociaciones de padres y madres, ONGs, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, Universidades, grupos de estudiantes, y colectivos diversos) y de 1.500 personas de diversos ámbitos: cultura, educación Universidad, medios de comunicación, etc. Durante tres días más de 2.000 personas estuvimos debatiendo sobre todos estos temas: sobre globalización y educación, sobre qué educación queremos para qué tipo de sociedad, sobre la importancia de la escuela pública, sobre educar más que enseñar… Hubo 4 conferencies, con aportaciones de Europa (Nico Hirtt) y de América Latina (Frei Betto, Claudia Korol y Nalva Rodríguez), que nos hablaron de educación popular, de educación emancipatoria, de educación en valores, para la solidaridad, para la paz, para la transformación social; de la importancia de hacer frente a la ofensiva neoliberal que quiere imponer sus principios, de la necesidad de luchar por una educación pública, laica y crítica. Nos aportaron experiencias innovadoras, como la educación en el MST (Movimiento de los Sin Tierra en Brasil) o la Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Participaron ponentes de distintos ámbitos como Victoria Camps, Joan Subirats, Marta Mata o Jaume Carbonell. Se realizaron mesas redondas y más de 100 seminarios y talleres, propuestos y realizados por las propias organizaciones, hubo actuaciones de teatro, de poesía y de danza.

Hubo intercambios de experiencias y muchas propuestas sobre como mejorar la educación: talleres de educación emocional, educación audiovisual, escuela inclusiva, educación para la no violencia, ciudades educadoras, educación permanente, educación intercultural, asociacionismo educativo, familia, comunidad y escuela, comunidades de aprendizaje, diversidad afectiva y sexual, educación no formal, coeducación, respuestas a la inmigración en las aulas, resolución de conflictos, educación popular, los retos de la Universidad, laicidad en la escuela…Propuestas nacidas de la experiencia y el trabajo de un sinfín de personas y colectivos que están ya mejorando la educación, más allá de las leyes o directrices oficiales. Y lo que se hizo más patente fue la necesidad, compartida por todas las personas presentes, de debatir sobre la educación en su dimensión más ideológica y política. En esta misma línea, se está organizando, a nivel del Estado Español y Portugal, una nueva propuesta de Foro Social Ibérico por la Educación, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en la ciudad de Córdoba.

Finalmente, el manifiesto final, previamente consensuado, dejó constancia de las demandas más urgentes: una educación emancipadora que implique a todos y todas, una respuesta educativa frente a los profundos cambios sociales, un control frente a las crecientes tendencias privatizadoras, un cambio de modelo educativo en el que la enseñanza pública sea su eje vertebrador, herramientas y recursos que garanticen una educación a lo largo de toda la vida, una educación pública que dé respuesta a las necesidades de las personas adultas, y en concreto a las personas inmigradas, una educación pública y gratuita de 0 a 6 años, la adecuación de la vida laboral a las necesidades de los padres y madres, la apuesta de las Administraciones por reforzar los centros de titularidad pública y retirar los conciertos a los centros que no cumplen los requisitos legales y sociales propios de un servicio público. Que se garantice un sistema educativo laico, una educación intercultural y no sexista, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a las diferentes lenguas y culturas, opiniones y creencias, el respeto a las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género; que trabaje por la creación de una consciencia crítica, que impulse los valores democráticos y se suprima de los planes de estudio todo enfoque y contenido doctrinario, sexista, homófobo o racista.

Que se asegure una mayor inversión en todos los ámbitos sociales que inciden en los procesos educativos: adultos, tiempo libre, comunidades educativas, educación social, equipamientos socioculturales, bibliotecas, asociaciones educativas, etc. Que la Administración se comprometa aumentar los presupuestos en educación hasta situarlos en el 6 % del PIB, en un máximo de tres años.

Y también, las personas allí presentes nos comprometimos a extender y fomentar el debate y a luchar por mejorar la sociedad, y en consecuencia, a luchar por la mejora de la educación, ya que estamos convencidas/os que: para que otro mundo sea posible, otra educación es necesaria.