El carácter dual entre la escuela pública y privada puede acentuarse con la nueva ley de Calidad.

Publicat a La Vanguardia - 26/10/2003

Catalunya dispone desde 1980 de plenas competencias en materia educativa por lo que respecta a la enseñanza no universitaria. Aunque el modelo de distribución de competencias reserva al Estado competencias exclusivas en aspectos esenciales del sistema educativo, el modelo de descentralización de competencias educativas otorga las decisiones relativas al gasto público educativo y su distribución, la política de profesorado o la política de conciertos educativos a la Administración autonómica.

En Catalunya, los más de veinte años de autonomía política en materia educativa se han traducido en una clara dualización entre las redes pública y privada de enseñanza. Algunos datos lo avalan. Catalunya es una de las comunidades que menos esfuerzo dedica a la enseñanza no universitaria: el 2,11% del PIB frente al 3,15% correspondiente a la media estatal (año 2000), un menor esfuerzo que se refleja en el gasto público por alumno (2.428 euros frente a 2.739 euros de la media española). Al mismo tiempo, Catalunya destina el 24,3% del gasto público en enseñanza no universitaria a los conciertos educativos (la media española es del 15,15%). La mayor presencia del sector privado no explica por sí sola este dato, ya que el gasto público por alumno en enseñanza privada es también mayor en Catalunya (2.591 euros en enseñanza primaria) que en el resto de España (1.974 euros). Este trato diferencial a favor de la enseñanza privada se ha consolidado en el tiempo gracias a una política de gasto que ha respondido exclusivamente al criterio de la demanda educativa. Los responsables de Enseñanza han presentado como algo inevitable el dar respuesta a las preferencias en la elección de escuela (cuando en realidad no existe ningún argumento legal que justifique un “derecho a concierto”). Sin embargo, incluso asumiendo que este supuesto fuera cierto, no se puede justificar que el peso de la financiación al sector privado haya aumentado en la segunda mitad de los años 90, etapa en la que se ha mantenido estable la demanda educativa entre los sectores público y privado. El trato de favor a la enseñanza privada se ha evidenciado también en la falta de control sobre las prácticas irregulares que llevan a cabo muchos centros concertados, especialmente en el incumplimiento del principio de gratuidad al que obliga el concierto y en los procesos de selección del alumnado en el acceso al centro, aspecto que se traduce, por ejemplo, en la concentración del alumnado inmigrante en los centros públicos (85,36% el 2001).

El carácter dual del sistema educativo en Catalunya puede verse incluso acentuado en el marco de la nueva ley de Calidad. Si bien en algunos aspectos la LOCE implica nuevas directrices de obligado cumplimiento para todas las autonomías (itinerarios en la ESO, cambios en el bachillerato, cambios en la función directiva), existen dos aspectos que pueden profundizar los procesos de discriminación educativa. Por un lado, la posibilidad de que las administraciones educativas puedan tener en cuenta la demanda social para planificar las plazas escolares. Se abre la posibilidad, esta vez sí, de atender a las preferencias de elección escolar de los padres en la programación de plazas escolares. En segundo lugar, la LOCE incorpora la gratuidad de la educación infantil (3-6), un tramo no obligatorio y, hasta el momento, con bajos niveles de concertación en Catalunya, un hecho que puede aumentar el volumen de gasto público canalizado a los centros privados. Dependerá de las opciones del futuro gobierno el mantener la actual dualización o apostar por una verdadera integración de las redes de escolaridad pública y concertada, con los mismos derechos y obligaciones.